Por Arturo Galán.
Facultad de Educación. UNED
Editor de Aula Magna 2.0.
Editor Jefe de Bordón. Revista de Pedagogía.
Los últimos cambios acaecidos en la nueva normativa sobre sexenios y acreditaciones no ha hecho más que aumentar el desconcierto del profesorado y la crítica sobre nuestros más altos gestores universitarios. Nuevamente, el campo de la Educación es uno de los más perjudicados.
La nueva resolución sobre los criterios específicos de evaluación de los sexenios (BOE de 16/11/2016), además de mantener muchas de las incertidumbres que ya hemos apuntado en otras ocasiones (Galán y Zych, 2011), endurece significativamente la exigencia para obtener una evaluación positiva. Si bien es cierto que es más que razonable que desaparezcan del texto normativo las referencias a algunas bases de datos obsoletas como DICE —sobre la que no se articulaba discriminación alguna en sus más de 200 revistas españolas—, no es menos cierto que se eleva aún más la importancia del SSCI del JCR de WoS y se rebaja la categoría del SJR Scopus.
La regulación de 2015 supuso un avance en la buena dirección, a mi juicio, al igualar la importancia del JCR y Scopus en los apartados a) y b) de la convocatoria. Se exigían dos artículos en cualquiera de estas dos potentes bases de datos selectivas, lo que podía combinarse con artículos en otras bases de datos nacionales y con libros en el SPI (aunque siempre con un elevadísimo grado de incertidumbre sobre las puntuaciones asignadas a cada contribución). Pues bien, la convocatoria de 2016 creo que supone un retroceso en dos direcciones. Primero, se penaliza de modo definitivo a las revistas de educación españolas, ya que se habla de valorar contribuciones en posiciones relevantes en Scopus. Así queda la redacción de las aportaciones preferentes, tras el JCR, que es el apartado a):
Redacción de 2015: “b) Asimismo, los artículos publicados en revistas incluidas en los listados de SCOPUS, y en «Arts and Humanities Citation Index» de la «Web of Science».
Redacción de 2016: “Asimismo (sin que necesariamente se valoren por igual), los artículos publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados de Scimago Journal Rank (SJR), y en «Arts and Humanities Citation Index» de la «Web of Science»”.
La mayoría de las revistas españolas de educación se encuentran en los cuartiles tercero y cuarto. De las 25 indexadas en Scopus (no olvidemos que hace menos de una década no teníamos casi ninguna revista indexada), tenemos una en Q1, una en Q2, 12 en Q3 y 10 en Q4. El esfuerzo de nuestras revistas por alcanzar estos niveles de calidad sin ninguna ayuda por parte de la Administración y a coste del trabajo personal desinteresado de decenas de profesores (editores, revisores, etc.) queda desacreditado con esta desafortunada normativa. – Para más infortunio, la ANECA/CNEAI “olvidan” incluir el Sello de Calidad FECYT como base de datos de referencia, cuando es el mismo Ministerio el que aporta sus fondos para que haya una evaluación y selección muy rigurosa de las mejores revistas científicas españolas. ¡Cómo desperdiciamos el dinero público y qué provincianos somos! Si esto se mantiene así, será la sentencia de muerte para un conjunto de revistas españolas que han hecho muy bien su trabajo y se ha hecho digno de empezar a competir en el panorama internacional. Por favor, un poco de tiempo para permitir que suban más y, también por favor, señores del Ministerio, aporten algún recurso para que los que se dedican a ello no hipotequen su carrera profesional. La nueva base de datos de Web of Science, ESCI (Emerging Sources Citation Index), con una cobertura mayor y más regional que JCR, también ha sido obviada en el campo de Educación, pese a que sí ha sido incluida como referencia de calidad al mismo nivel que JCR y Scimago-SJR en los campos 10 y 11 (humanidades).
En otro orden de cosas, la CNEAI, ya por larga tradición, continúa apostando por la falta de transparencia. ¿Por qué se habla de posiciones relevantes en SJR? ¿Qué significa eso? ¿Por qué esa arbitrariedad pudiendo hablar objetivamente de cuartiles, tercios o posiciones concretas? E, igualmente, como ya vimos en palabras de uno de los responsables de la ANECA (Galán, 2016), políticamente y por escrito se apuesta por el criterio de la discrecionalidad técnica de los comités en vez de por la objetividad de las evaluaciones: “…aunque los requisitos mínimos precisos para obtener una resolución positiva tratan de determinar en lo posible el sentido de la evaluación, la aplicación de estos requisitos no tiene carácter unívoco sino que depende, como queda indicado, de la discrecionalidad técnica de los comités evaluadores”. Es decir, que además de tener unos criterios ambiguos, los comités son libres de juzgar según su propio parecer. Pero aún me parece más llamativo que en el BOE se indique que “La CNEAI asume que la inclusión en posiciones destacadas de dichos índices es garantía de que los contenidos publicados en una determinada revista habrán de tener suficiente calidad”, y que, por el contrario –y con lo que significa como política de dirección para justificar la negativa a publicitar las puntuaciones que se otorgan a las revistas– el responsable de la ANECA mantiene que lo que se juzga son los artículos y no las revistas. Todos sabemos que juzgar los artículos en un sistema de evaluación como el nuestro es inviable, luego no hay razón para seguir ocultando las puntuaciones que se otorgan a las revistas y los criterios con los que se otorgan.
Y, como apuntaba anteriormente, el retroceso en la nueva normativa se produce en una segunda dirección: se penaliza al área de educación frente a otras áreas al exigir artículos publicados en JCR cuando el número de revistas es mucho menor que en otras áreas y la competencia y la dificultad para publicar allí es, en consecuencia, mucho mayor, como ha apuntado recientemente en este mismo blog Moreno-Pulido (2017). Ahora exigimos ya a becarios, doctorandos y jóvenes profesores que publiquen en las revistas de las bases de datos más selectivas y cada año se van endureciendo más las exigencias sobre las posiciones que deben tener las revistas en estas bases. Profesores senior y junior, investigadores, doctorandos y becarios de investigación, todo el mundo luchando por publicar en un pequeño grupo de revistas cuya selección depende de dos empresas privadas lejos de cualquier control de nuestra Administración. No sé… al menos es más que una práctica cuestionable.
Además, la CNEAI insiste en cambiar y aplicar normativa con carácter retroactivo. A un profesor que le tocaba presentarse en 2016 y que habría cumplido perfectamente con los criterios en 2015 –pongamos que tenía 5 artículos indexados en SJR, uno en Q1, 3 en Q3 y uno en Q4, ya no sabe si presentarse o no a la convocatoria de 2016 porque la normativa no indica las puntuaciones que se le darán a los artículos en SJR (ni en nada) y no sabe cómo el comité, con su discrecionalidad técnica, interpretará lo de “posiciones relevantes”. ¿Qué hace un profesor en estas circunstancias? ¿Debe arriesgarse a presentarse y perder tres años de su producción si recibe una evaluación negativa? ¿Es razonable que todavía nos hagan jugar a este juego sin conocer con claridad sus reglas? Así vamos, cada año se cambian las reglas del juego con carácter retroactivo, cuando ya no se puede hacer nada por arreglarlo, ni siquiera esperando un año, porque los tiempos de publicación son mayores. Pero en esta profesión aguantamos todo lo que nos echen… Menos mal que, al menos con el nuevo sistema de acreditación a los cuerpos docentes, hemos reaccionado, especialmente en Educación, con el manifiesto de las sociedades científicas, pero eso será objeto de un próximo post. Veremos los efectos de la dimisión del Director de la ANECA, Miguel Ángel Galindo, del nuevo Director, el catedrático de Geografía Física y ex rector de la UR, José Arnáez, y del trabajo que están realizando sobre la revisión de los criterios de acreditación entre la ANECA, la CRUE y los sindicatos.
Quiero terminar este post con una última cuestión que afecta tanto a las acreditaciones como a los sexenios. Se trata del fondo de la cuestión: el deseo de ser valorados con justicia y el camino para conseguirla, y esto me retrotrae a mis conversaciones con mi gran compañero recientemente fallecido Ramón Pérez Juste, que siempre me recordaba la importancia de lo no mensurable ni cuantificable, y sin duda es una cuestión primordial. Si bien es cierto que llevo años defendiendo la máxima objetividad y la ética de las evaluaciones, también es cierto que no soy tan iluso como para pensar que una evaluación cuasi-objetiva va a suponer la solución a los problemas de la evaluación, selección y promoción del profesorado universitario. Tenemos mucho que trabajar sobre qué universidad queremos, qué perfil de profesores potenciamos y, en consecuencia, buscar la mejor forma tanto técnica como ética como para que estas evaluaciones no logren quitarnos nuestra vocación de profesores y el ideal de formar a nuestros alumnos tan bien como nos sea posible.
Referencias bibliográficas:
Galán, A. (2016). La discrecionalidad técnica en la ANECA y la CNEAI: una cuestión de gran calado. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/2117
Galán, A. y Zych, I. (2011). Análisis de los criterios de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para la concesión de los tramos de investigación en Educación. Bordón. Revista de pedagogía, 63(2), 117-139.
Moreno-Pulido, A. (2017). El nuevo programa Academia de la ANECA y las revistas de educación en el Journal Citation Reports. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: https://cuedespyd.hypotheses.org/2466
Cómo citar esta entrada:
Galán, A. (2017). Sobre sexenios y acreditaciones: un nuevo retroceso. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/2577
OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Blanca Arteaga (10 de marzo de 2017). Sobre sexenios y acreditaciones: un nuevo retroceso. Aula Magna 2.0. Recuperado 12 de septiembre de 2024 de https://doi.org/10.58079/neoa
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