Por Arturo Galán.
Facultad de Educación. UNED
Editor de Aula Magna 2.0.
Editor Jefe de Bordón. Revista de Pedagogía.
Hemos afirmado en este blog el problema que supone la ausencia de un modelo definido de universidad y de desarrollo profesional del profesorado en España. Empezaba mi artículo anterior diciendo que los últimos cambios acaecidos en la nueva normativa sobre sexenios y acreditaciones no han hecho más que aumentar el desconcierto del profesorado y la crítica sobre nuestros más altos gestores universitarios (Galán, 2017).
El sistema de acreditación a los cuerpos docentes, introducido por la LOMLOU e importado del sistema de evaluación del profesorado contratado establecido por la LOU, ha funcionado desde 2007 a 2015. Los cambios introducidos en 2015 en el nuevo sistema de acreditación—bien explicados por Cabezas (2017)— se autodescriben como un incremento en la transparencia y la objetividad pero, en mi opinión, eso está muy lejos de la realidad. Una buena muestra de ello es que la ANECA ha tenido que hacer hasta un vídeo para explicar el confuso sistema de evaluación.
La publicación de los nuevos criterios de acreditación ha producido una contestación masiva entre el profesorado. Normalmente los asuntos de la universidad no interesan a nadie, pero esta vez los diarios de tirada nacional se han hecho eco de los problemas derivados de estos criterios. Quiero plantear cuatro cuestiones, siempre centrándome en el campo de la Educación:
- ¿Por qué se definen nuevos criterios?
- Quiénes han definido los nuevos criterios
- La racionabilidad de los criterios
- La perspectiva de cambio
En primer lugar debemos preguntarnos por qué era necesario cambiar los criterios para la acreditación a los cuerpos docentes después de casi ocho años de funcionamiento. Uno de los argumentos no escritos era que el sistema se había vuelto poco selectivo, se acreditaban demasiados profesores y la bolsa de acreditados sin plaza aumentaba sin cesar; en el fondo, un problema económico, ya que no parecía posible promocionar a todos los profesores acreditados, y menos en tiempos de crisis. Es decir, tenemos muchos profesores con méritos destacables para tener un puesto mejor, pero el sistema no puede absorberlos. También se oían comentarios sobre algunos profesores acreditados con méritos cuestionables, pero no conozco ningún sistema de evaluación de personas libre de errores. Al menos, con este sistema, teníamos algunos criterios claros que suponen un autofiltro para algunos candidatos, algo que no ocurría con el sistema de una única fase de oposición de la LRU, en el que podía primar más la fecha en la que “tocaba” promocionar que los méritos objetivos para hacerlo.
Otra crítica al sistema anterior se refiere al exceso de méritos a considerar y la “papelitis” a la que ha dado lugar, donde hasta participar en un tribunal de TFG conlleva el correspondiente certificado de participación. Recuerdo la sorpresa de mi colega del Boston College, a la que invité a dar la conferencia inaugural de nuestro programa de doctorado, cuando le dieron el certificado por su ponencia. Me dijo que no lo necesitaba para nada, que ella simplemente lo añadía en su CV y nadie le iba a exigir una prueba documental de que lo hubiera hecho. Puede ser que se contabilicen excesivos pequeños méritos en el sistema de acreditación, pero también es verdad que supone un reconocimiento a ciertas tareas, muchas de ellas de gestión y de formación, que consumen un tiempo elevado y que no se reconocen de otra manera. En cualquier caso, no me parece que el nuevo sistema suponga un avance en este sentido. Rellenar la aplicación del CV y conseguir los justificantes supone un verdadero quebradero de cabeza y un tiempo enorme, gracias a lo cual han proliferado empresas que por algo más de mil euros te ofrecen ese servicio. Además, existía una corriente (los que se consideran a sí mismos “investigadores puros”) en contra de que la gestión fuera un mérito importante a valorar, y ahora lo han convertido en un mérito complementario.
Finalmente, se argumentaba que el sistema anterior era muy rígido y cuantitativo, es decir que pesaba más la cantidad que la calidad. Más allá del excesivo número de méritos que se reconoce, no estoy de acuerdo con tal afirmación. Es cierto que el sistema no era transparente (Galán, González-Galán y Rodríguez-Patrón, 2014) porque no se informaba de los puntos que se asignaban a cada mérito, pero convertirlo en un sistema cualitativo con letras no hace más que aumentar la opacidad y la incertidumbre, haciendo además necesarios interminables documentos explicativos que, para más inri, son solo criterios orientativos dependientes de la discrecionalidad de las comisiones de evaluación.
La ANECA creó distintas comisiones para establecer los nuevos criterios de acreditación. Supuestamente son profesores de reconocido prestigio en cada campo de conocimiento. Más allá del hecho cuestionable de que estas comisiones se elijan a dedo, ¿no sería razonable contar con el parecer de colectivos representativos como la Conferencia de decanos o con grupos como las grandes asociaciones científicas? La realidad es que en muchas de esas comisiones, y especialmente en la de educación, los nuevos criterios no responden a la realidad de la investigación educativa ni presentan unos niveles razonables para conseguir la acreditación a Profesor Titular o Catedrático de Universidad. Por tanto, estas comisiones no han funcionado adecuadamente o han estado externamente dirigidas.
Después de las grandes críticas y el malestar generado por el nuevo sistema, en febrero de 2017 la ANECA decidió revisar los criterios de evaluación, creando al efecto cinco comisiones de negociación en las que están integrados los sindicatos y la conferencia de rectores (CRUE). Una semana después de la creación de estas comisiones, se produce la dimisión del director de la ANECA. El nuevo director se comprometió a retomar el trabajo de las comisiones después de Semana Santa. El hasta ahora Coordinador de Evaluación de Profesorado de la ANECA, Demetrio Castro, también ha desaparecido del organigrama en la web de la institución (los sindicatos dan ya el nombre de su sustituto), pero en cualquier caso la persona que ocupe el cargo es integrante fijo de las comisiones. Casualmente, mientras escribíamos este post, los sindicatos han informado sobre la reanudación de las reuniones con la ANECA y afirman que “Se han interrumpido las evaluaciones y se ha pedido a las 21 comisiones que revisen los criterios”. ¡Las evaluaciones paralizadas! En definitiva, no sabemos para cuándo estarán listos los nuevos criterios ni si las comisiones harán consultas externas para fijarlos, con lo que estamos ante un panorama de incertidumbre para los potenciales candidatos, que pueden dudar entre presentarse ahora o esperar sine díe a la publicación de los nuevos criterios.
Es lógico que los criterios de selección y promoción evolucionen con el tiempo, pero como ya hemos defendido reiteradamente, no es admisible la persistencia en realizar cambios significativos con efectos retroactivos. Si nos fijamos ahora en los criterios de evaluación o, más bien, en los criterios orientadores para Educación, descubrimos algunos puntos interesantes. Primero, que siguen faltando criterios de evaluación: no se sabe cómo conseguir una A para la acreditación a Catedrático ni una calificación A ó B en Transferencia, Actividad Profesional, Gestión y Formación. Por otra parte, algunos de los criterios que denominan complementarios resultan ser obligatorios o compensatorios… Por no extendernos, vamos a detenernos en el criterio que más pesa: las publicaciones en investigación: para ser Catedrático hasta ahora se decía que la puntuación máxima se obtenía con 16 artículos (especificando que podían ser JCR, LATINDEX O DICE con índice de calidad relativa, es decir, en teoría no era necesario tener artículos JCR, aunque esas orientaciones no se las creía nadie…). En el nuevo sistema, lo mínimo para obtener la calificación B es contar con 12 publicaciones, 4 de ellas en el primer cuartil del JCR, y el resto, o bien incluidas en JCR, o en posiciones relevantes en el SJR de Scopus (otra vez sin concretar qué es eso de “posiciones relevantes”). Estaría bien comprobar cuántos catedráticos actuales alcanzarían este criterio mínimo, ausente en muchos de los miembros de la comisión que lo aprobó. Viendo que para la calificación A de un Profesor Titular se exigen 14 publicaciones, 6 de las cuales deben estar en el primer cuartil de JCR o SJR y el resto en los cuartiles 2 o 3 de JCR, lo que se podría llegar a pedir para conseguir la calificación A de Catedrático es estratosférico. Pero no se se preocupen, que el salario sí que se mantiene igual de bajo que hasta ahora para todos los acreditados.
Reconocido por la ANECA que esto se les ha ido un poco de las manos, ¿qué viene ahora? En el comunicado de los sindicatos al que antes me he referido (es sangrante que no haya ninguna información oficial en la web de la ANECA), se afirma que el resultado de las negociaciones se hará público antes del verano y que el grado de exigencia será equivalente al del sistema anterior. Los sindicatos han propuesto que se publiquen todos los criterios pendientes, que el nuevo sistema sea público y claro como para permitir una autoevaluación, que se valoren de nuevo los sexenios de investigación, que la gestión tenga más peso… Vamos a ver qué resulta de todo esto y si antes del verano tenemos un sistema de evaluación viable. Por el momento, es difícil saber qué es lo que podrá pasar y, lo que es peor, cuánto tiempo se va a mantener…
En definitiva, habrá que hacerse con una dosis extra de tranquilidad y confiar en que algo razonable y perdurable pueda ver finalmente la luz. Lo que sí deseo es que a aquellos que han introducido ya el extenso currículum vitae en la vieja aplicación no les vuelvan a pedir que lo hagan de nuevo en otra aplicación del enésimo sistema de evaluación…
Referencias bibliográficas:
Cabezas, A. (2017). El nuevo sistema de acreditación nacional a cuerpos docentes universitarios: estado de la cuestión. Recuperado de: http://sexenios.com/nuevo-sistema-acreditacion-nacional-cuerpos-docentes-universitarios-estado-la-cuestion/
Galán, A. (2017). Sobre sexenios y acreditaciones: un nuevo retroceso. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/2577
Galán, A., González-Galán, M.A. y Rodríguez-Patrón, P. (2014). La evaluación del profesorado universitario en España. Sistema nacional y divergencias territoriales. Revista de Educación, 366, 136-164. DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2014-366-279.
Cómo citar esta entrada:
Galán, A. (2017). Acreditaciones a los cuerpos docentes: paralización sin rumbo definido. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/2844
OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Blanca Arteaga (2 de junio de 2017). Acreditaciones a los cuerpos docentes: paralización sin rumbo definido. Aula Magna 2.0. Recuperado 11 de septiembre de 2024 de https://doi.org/10.58079/nep0
Debería haber una norma que obligara a evaluar a los miembros de las comisiones, para acceder a las mismas, con los méritos con los que ellos evalúan a los candidatos. Esto facilitaría que los méritos exigidos fueran más razonables.
Carlos, gracias por tu comentario. No lo tengo tan claro, y lo he comentado con algún miembro de la comisión. No es igual cómo se hacía currículum para ser catedrático hace 20 años que ahora. Yo creo que, superados ciertos umbrales, no es tan importante el CV de los miembros de la comisión. Es más, en la comisión que piensa, por ejemplo, los criterios de catedrático, podría haber algún titular. Es más importante que sean personas conocedoras de la situación del área de conocimiento y de las formas de producción científica, así como con ciertos conocimientos en evaluación. Creo que eso es más importante que el que tengan 100 JCR Q1.
Pero ciertamente, no estaría de más que los miembros de la comisión tuvieran obligatoriamente que rellenar la aplicación y ver qué resultado obtendrían. Esto les haría ver en experiencia propia lo que supone rellenar la aplicación y cómo se evalúa su propio CV.