Transferencia del conocimiento, educación y dinero

Por  Arturo Galán. 

Facultad de Educación. UNED

Editor de Aula Magna 2.0.

Editor Jefe de Bordón. Revista de Pedagogía.

De verdad, no es que me guste escribir sobre la ANECA y la CNEAI, es que son noticia, generan polémica, debate e incertidumbre y, al final, los compañeros terminan preguntándote qué sabes y qué opinas del asunto porque ya te has significado en otras ocasiones. Ahora me dicen también que, como soy Catedrático, puedo decir lo que quiera, pero no es justo, porque lo soy solo desde hace unos meses y llevo criticando las malas prácticas evaluativas desde que era profesor ayudante; en mi opinión, vivimos en un país donde podemos decir lo que pensamos y, si argumentamos con buena fe nuestra posición, no tendríamos que tener miedo a  teóricas vendettas (si bien tengo que reconocer que a mí me han dicho a la cara aquello de “arrieritos somos…” por defender la aplicación de un baremo en un proceso de selección, pero no hay que achantarse y hay que tratar de defender lo que entendemos que es más justo). En fin, no nos desviemos del tema…

Esta entrada surge por la genial resolución de la CNEAI que incluye sexenio de transferencia del conocimiento e innovación. Y, ciertamente, digo genial porque se arriesga a extender el reconocimiento de la transferencia del conocimiento a todas las áreas de conocimiento como un mérito complementario y simultaneo a los sexenios de investigación, apostando por superar el denominado Campo 0 aparecido en el año 2010 y que quedaba sistemáticamente casi desierto, sin solicitudes.

Personalmente, me ha gustado la política de difusión del Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, en su coloquio sobre la Evaluación de la transferencia y el nuevo sexenio en la Universidad Complutense y que replicó en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque tuvo algunos lógicos y sinceros deslices, como cuando explicó el lugar y la premura con la que se redactó la resolución que incluía el nuevo campo de transferencia.

Pero ahí está la resolución, su publicidad y su impacto, que ha desbordado todas las expectativas. La semana pasada conocimos que se han presentado 16.790 solicitudes, lo que ha llevado a la Secretaría de Estado de Universidades a publicar otra resolución en la que suspende el plazo máximo para resolver dichas solicitudes y que, lamentablemente, incide en el silencio administrativo negativo, complicando la ya desigual lucha de la persona contra la Administración cuando el ciudadano considera que se le ha tratado injustamente.

¿Educación=transferencia? Nosotros, los de Educación, ¿hacemos transferencia del conocimiento e innovación? ¿Se puede investigar en educación sin hacer transferencia? Tengamos en cuenta que este “experimento” o programa piloto premia una determinada concepción de la transferencia y la innovación (patentes, generación de valor económico, artículos 83, creación de start-up y spin-off con becarios contratados, comisiones de servicios especiales, difusión de la Ciencia, contratos que generen valor social, etc.) y que elimina como candidatos a todos aquellos que no tienen al menos un sexenio de investigación (algo demasiado frecuente en nuestro campo y cuyas causas hemos analizado en este blog y en otros trabajos). Con estos condicionantes limitantes (seguro que se hace mucha más trasferencia de otra naturaleza) y partiendo del principio de que nadie se presenta para que le denieguen su solicitud, a tenor del número de solicitudes presentadas en nuestro campo, parece que sí tenemos la percepción de que hacemos transferencia, al menos similar a la de otros campos como la Medicina o la Psicología.

Figura 1. Solicitudes del sexenio de transferencia en Educación

Los problemas a los que se enfrenta la CNEAI en este momento son muy importantes:

1. Volumen: el pasado 20 de febrero se publicó la resolución con los miembros de los comités de los diversos campos. En el campo de transferencia aparecen 10 miembros, de los que relacionados con la educación tenemos a una Catedrática del área MIDE y a otra de Música, siendo el Presidente del Comité un zoólogo (cuya especialidad, si se me permite la broma, viene muy al pelo…). Esta comisión tiene el encargo de resolver casi 17.000 solicitudes, lo que requerirá ingenio y mucha ayuda.
2. Definición de criterios de evaluación: si lo anterior ya es de por sí muy complicado, la tarea se convertirá en algo imposible si no se resuelve con la necesaria objetividad, publicidad y transparencia la definición de los criterios concretos de evaluación. La casuística es tan diferente entre campos (ingeniería, biología, medicina, economía, filosofía…) e incluso dentro de cada campo de conocimiento (teoría, métodos, didácticas, educación física…) , que establecer qué méritos deben ser considerados como válidos para obtener un sexenio de transferencia va a ser tan difícil que, a buen seguro, será duramente criticada se haga como se haga. Aunque la transferencia es un único campo que engloba todas las áreas científicas, imaginamos que cada área tendrá unos criterios propios de acuerdo a su especificidad.
3. Presupuesto y tasa de sexenios favorables. Finalmente, el dinero. ¿Qué presupuesto tiene el Ministerio para pagar este nuevo tramo simultáneo de transferencia? ¿Va a haber una relación directa entre el porcentaje de sexenios concedidos y el presupuesto disponible para pagarlos? ¿Va a ser una evaluación criterial independiente del presupuesto? ¿Van a establecerse los estándares de evaluación a posteriori para conseguir un determinado porcentaje de positivos?

Esto de juntar presupuesto y Ciencia no es lo más bonito del mundo, pero no cabe duda de que también aquí, en el mundo de lo que algunos gustan llamar “la frontera del conocimiento”, el dinero y los incentivos consiguen movilizar al elefante funcionarial. Y es que, no lo olvidemos, los profesores de Universidad no están bien pagados (aunque todo es relativo). Si nos comparamos, en salario, con nuestros pares de la empresa privada, nos deprimimos. Pero luego nos encontramos con olas de ataques por unos supuestos beneficios (en términos de seguridad laboral), como ha sucedido durante la crisis económica. Hoy mismo, un titular de El País afirma: “El 50% del profesorado universitario fijo investiga poco o nada”. Curiosamente, en la edición digital del diario, han añadido: “FE DE ERRORES. En la edición web se ha incluido posteriormente la queja de los profesores ante la gran cantidad de horas de clase que deben de impartir durante el curso”. Un profesorado atosigado a docencia, evaluado hasta la extenuación en su investigación y su docencia para recibir unos ridículos complementos salariales, presionado para investigar y publicar en las mejores revistas de impacto sin los suficientes recursos humanos ni de financiación y que también tiene que hacer transferencia del conocimiento a la sociedad e innovación y además cargar con una gestión cada año más asfixiante. Para que nos hagamos una idea, un Director de Departamento, que puede tener a su cargo entre 15 y 120 personas, tiene un complemento salarial mensual bruto de 377.20€ (cuando les cuento esto a mis amigos directivos de empresa se echan a reír y preguntan que cómo es posible que aceptemos estos cargos). Nadie habla de cómo casi todos los profesores desempeñan algún cargo de gestión como un servicio a la comunidad académica y casi siempre sin reducción de docencia, ni una justa retribución ni una descarga o una ayuda en las tareas de investigación.

Y la realidad es que, entre funcionarios y laborales fijos, el sueldo es tan poco competitivo (el salario base es de 1.151,17€ brutos/mes) y los complementos de productividad tan cicateros y congelados desde hace tanto tiempo, que las diferencias salariales entre los profesores top y los que se dedican a simplemente cumplir con sus clases son tan pequeñas que algunos deciden abandonar esta investigación competitiva incentivada. Es posible que, si los mejores profesores-investigadores estuvieran bien retribuidos y la diferencia salarial fuese mucho más marcada entre los que más y menos destacan, la atracción del talento y la percepción social serían muy distintas.

Otros profesores deciden dedicarse a trabajos y contratos de transferencia, con mayor retorno económico personal (algo que cada vez se valora más, como se ha visto con el nuevo sexenio, porque la investigación debe llegar a la sociedad y también porque atrae ingresos para las universidades), y descartan implicarse en proyectos de investigación que dan mucho trabajo y algo de prestigio, pero nada de dinero. Cualquiera entiende que es desincentivador trabajar más por lo mismo a la espera de conseguir méritos para una futura promoción o un pequeño complemento salarial. Y también los hay —pero menos—que, tras decenas de evaluaciones y de presión para llegar a los estándares exigidos, cuando llegan, no antes de los 40 o 45 años de edad, a una posición laboral estable, prefieren centrarse en el trabajo docente y disfrutar de un estatus que te permite mayor libertad para estudiar lo que quieras, investigar y publicar artículos y libros que no son considerados de impacto; es otra forma de ser científico, más a la vieja usanza. Y, por supuesto, habrá, como en todas partes, algunos —diría que muy pocos— holgazanes que hagan lo mínimo y mal hecho, y que se jacten de ello en un sistema funcionarial sin herramientas para tomar cartas en el asunto.

Pero volvamos al programa piloto de transferencia. Tendremos que esperar unos meses en conocer las tasas de evaluación positiva en los distintos campos. Mi opinión es que ha sido una buena iniciativa para hacer ver al profesorado que la transferencia es importante, y que lo es en todos los campos del saber, y además que es valorada por nuestros responsables políticos. Sin embargo, próximas las elecciones generales y previendo las dificultades que van a generar las evaluaciones de 17.000 solicitudes, no sé si llegaremos a ver una segunda convocatoria de tramos de transferencia.

Cómo citar esta entrada:

Galán, A. (2019). Transferencia del conocimiento, educación y dinero. Aula Magna 2.0. [Blog]. Recuperado de: http://cuedespyd.hypotheses.org/6088

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