Por Pedro Aramendi Jáuregui , Jose Francisco Lukas Mujika y Luis Lizasoain Hernández
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
El acceso a la función pública docente en el estado español tiene una larga y dilatada tradición. Las primeras evidencias sobre la selección del profesorado se constatan en el siglo XVI, cuando Felipe II inicia un proceso de evaluación de docentes ante las altas tasas de analfabetismo existentes en la población. Durante los siglos XVII y XVIII, se fijaron diferentes requisitos para que los maestros/as pudieran ejercer su profesión y también se realizaron diversos intentos para formar a los nuevos docentes y reciclar a los que están en activo. Según Dávila (1988), el sistema de oposiciones, como procedimiento de acceso a la profesión docente, se afianza entre los años 1847 y 1917. Es entonces cuando se concreta el procedimiento de creación de plazas por parte de los ayuntamientos y la organización y supervisión del sistema de oposiciones a cargo del Estado. Durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la legislación no ha hecho más que reproducir un modelo que difícilmente selecciona al profesorado más competente. Desde la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) hasta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), los procesos de selección del profesorado apenas han variado.
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